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El Gobierno refuerza las medidas para la lucha contra el fraude fiscal.

  • Se remite a las Cortes el nuevo proyecto de ley antifraude que limita a 2.500 euros el pago en efectivo en operaciones en donde participen empresarios o profesionales. Hacienda perdonará la sanción a la parte que denuncie los hechos. Todos los contribuyentes deberán informar sobre las cuentas, valores e inmuebles que tengan en el extranjero.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la remisión a las Cortes Generales del proyecto de ley de Modificación de la Normativa Tributaria y Presupuestaria y de Adecuación de la Normativa Financiera para su Adaptación a la Intensificación de las Actuaciones en la Prevención y Lucha contra el Fraude. El citado proyecto de ley, del que fue informado el Consejo de Ministros el pasado 13 de abril, refuerza las actuaciones de prevención contra el fraude fiscal, una de las prioridades de la política económica del Gobierno.

Tras su fase de información pública, el texto aprobado hoy incorpora algunas recomendaciones realizadas por expertos en lo referente, entre otros, al régimen de módulos y al control de rentas en el extranjero.

En la norma se combinan medidas novedosas diseñadas para impactar directamente en nichos tradicionales de fraude con otras que refuerzan la seguridad jurídica del sistema tributario y potencian la recaudación. El proyecto de ley es un complemento perfecto al plan extraordinario de regularización de rentas ocultas aprobado el 30 de marzo, por el que se pretende la afloración de ingresos procedentes de la economía sumergida y su incorporación a la economía regular, antes del 30 de noviembre.

Una de las medidas más ambiciosas incorporadas en el proyecto de leyde intensificación de la lucha contra el fraude, estudiado hoy, consiste en la limitación de uso de dinero en efectivo en determinadas operaciones. Se ha tenido en cuenta la experiencia legislativa en países comunitarios del entorno como Francia e Italia. Así, no podrán pagarse en efectivo operaciones iguales o superiores a 2.500 euros en las que intervenga, al menos un empresario o profesional. La limitación no será aplicable a los pagos e ingresos realizados con entidades de crédito.

El Consejo de Ministros también ha abordado otros asuntos propuestos por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas:

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